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Publicado el informe sobre las Buenas Prácticas de la Comunicación Pública en los Municipios catalanes con una población entre 20.001 y 50.000 habitantes

martes, 21 de agosto de 2012
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Castellar del Vallès ocupa la cuarta posición de los ayuntamientos catalanes por las buenas prácticas de comunicación pública.

La información sobre quiénes son los representantes políticos sólo es completa en 4 de las 40 webs de los municipios catalanes con una población entre 20.001 y 50.000 habitantes

Se ofrecen muchas herramientas para la participación en la vida del municipio y en el mantenimiento de los servicios públicos, pero muy pocas información para el seguimiento y la evaluación de la actuación de los representantes políticos.

La evaluación de las webs de los 40 municipios catalanes con una población entre 20.001 y 50.000 habitantes, publicada en el Mapa de las Buenas Prácticas de la Comunicación Pública Local en Cataluña, pone de manifiesto en primer lugar que Castellar del Vallès, con 23.238 habitantes y 78% de indicadores positivos, ocupa la cuarta posición entre los ayuntamientos catalanes con buenas prácticas, después de Sabadell, Terrassa y Barcelona y con la misma puntuación que Santa Coloma de Gramenet, todos mucho más grandes.
La web del municipio más poblado de este grupo, Esplugues de Llobregat, ha alcanzado una puntuación similar a la del municipio que tiene menos población, Manlleu. Entre los 21 municipios con una población en la franja de los 20.000 habitantes se encuentra tanto Castellar del Vallés, que ha obtenido la puntuación más elevada, como Vila-seca, con la valoración más baja. En la franja de los 30.000 habitantes hay 13 municipios entre los que Vilafranca del Penedès con un sitio que es el segundo mejor valorado de este grupo.
También en segundo lugar encontramos Vic, con la misma puntuación, si bien se trata de uno de los 6 municipios con una población en la franja de los 40.000 habitantes y que es capital de comarca. Y el tercer puesto corresponde a Tortosa y Sant Feliu de Llobregat, ambos capitales de comarca. Así pues, como hemos visto en los informes anteriores, el número de habitantes no resulta tan decisivo para las buenas prácticas de los responsables de las webs municipales como la voluntad política.
En cuanto a los resultados de la evaluación, de las 40 webs corporativas, 15 han recibido valoraciones por encima del 50% de indicadores positivos. Ninguna web ha obtenido una puntuación superior al 80%; 3 tienen una puntuación en la franja del 70%: Castellar del Vallès, Vilafranca del Penedès y Vic, 5 en la franja del 60%: Tortosa, Sant Feliu de Llobregat, Premià de Mar, Sant Adrià del Besòs y Barberà del Vallès, y 7, en la franja del 50%: Santa Perpètua de Mogoda, Palafrugell, Pineda de Mar y Esplugues de Llobregat, Manlleu, Sitges y Gavà. Los 25 restantes han recibido una puntuación por debajo del 50% de indicadores positivos.
En relación con la información sobre quiénes son los representantes políticos, fundamental para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan evaluar lo que hacen, pedir cuentas y decidir a quién votar, sólo se completa en 4 de las 40 webs: las de Castellar del Vallès, Vilafranca del Penedès, Vic y Tortosa. En las otros 36 es parcial o muy parcial especialmente en el caso de los representantes en la oposición.
Respecto a la información sobre cómo gestionan estos representantes políticos los recursos colectivos, sólo 15 de los 40 sitios publican un Plan de Gobierno, Plan de Actuación Municipal y /o Plan estratégico, una herramienta que consideramos imprescindible para el buen gobierno y para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan hacer seguimiento y evaluarlo, y sólo 3 ofrecen herramientas de participación en su elaboración. Más habitual es la información sobre el Plan de Ordenación Urbanística (POUM) u otras normas de planificación urbanística, y sobre otros planes municipales específicos (Agenda 21, Mujeres, Juventud, Participación ciudadana, etc.).
Y en cuanto a la información económica, si bien todas las webs con más de 50% de indicadores positivos publican el Presupuesto del Ayuntamiento, sólo lo hacen casi dos terceras partes de las webs con valoraciones inferiores al 50%, y de las 40 webs, sólo dos publican información sobre su ejecución, y tan sólo un publica los informes anuales de la Cuenta General y la Memoria de la gestión económica de la Comisión Especial de Cuentas.
Esta información tan limitada sobre el trabajo que hacen o deben hacer los representantes políticos para gestionar los recursos colectivos contrasta con la que proporcionan en forma de noticias, y con los recursos y las herramientas para la participación ciudadana que ofrecen las webs. Todos publican noticias; su contenido, sin embargo, no siempre permite que las ciudadanas y los ciudadanos puedan hacer seguimiento y evaluar las actuaciones de los representantes, al gobierno ya la oposición. Casi todos ofrecen herramientas diversas, especialmente en Internet, para contactar con los representantes y participar en la vida del municipio, incluso para colaborar en el mantenimiento de los servicios públicos, pero muy pocos permiten participar en la elaboración o en el seguimiento del Plan de Gobierno – ya hemos visto que sólo lo elabora una minoría -, el Presupuesto u otros planes. En definitiva, las muchas herramientas de información y de participación ciudadana pocas veces resultan útiles para el seguimiento y la evaluación de la actuación de los representantes políticos.
Además, en casi todos los casos se favorece a los miembros del gobierno y se relega a un segundo plano al resto de los representantes, decisión que pone de manifiesto que los que gobiernan, sean del partido que sean, utilizan en beneficio propio – del propio partido ya menudo del propio alcalde o alcaldesa – unos recursos que son colectivos y públicos, y que por tanto comparten una noción patrimonialista del poder político contraria a los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos a elegir entre los diferentes representantes políticos, y al buen funcionamiento de la pluralidad democrática.
Quizá por eso la resistencia en la mayoría en asumir los principios del Decálogo de Buenas Prácticas de la Comunicación Local Pública y a publicarlo en la web, en algunos casos también por desconocimiento de su existencia.
En definitiva, podemos concluir que el desequilibrio entre la reducida cantidad y la calidad de la información que debe permitir que las ciudadanas y ciudadanos puedan hacer seguimiento y evaluar las actuaciones de los representantes políticos, al gobierno ya la oposición, y los numerosos recursos que ofrecen en las webs para la participación ciudadana, favorece un debate público en el que predomina un ruido mediático que dificulta y enturbia el control democrático efectivo.